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Incendio en Bayahíbe abre interrogantes sobre la fiscalización de las embarcaciones turísticas

  • hace 1 día
  • 6 min de lectura

El incendio de una lancha que transportaba turistas entre isla Saona y Bayahíbe vuelve a poner bajo análisis los controles técnicos, el registro de las embarcaciones y los protocolos de seguridad aplicados en las excursiones marítimas de República Dominicana. La Armada investiga las causas y todavía no existe información oficial que permita establecer si fue un accidente evitable.



El incendio registrado el lunes 27 de julio en una embarcación turística que navegaba en la zona de Bayahíbe dejó pasajeros con quemaduras y obligó a desplegar un operativo de rescate coordinado por la Armada de República Dominicana, el Sistema 9-1-1 y otros organismos de emergencia.


Las primeras informaciones periodísticas señalaron que en la embarcación viajaban unas 30 personas. Posteriormente, la Armada confirmó 23 personas afectadas, incluido el capitán, y aseguró que todos los ocupantes fueron rescatados y trasladados a centros médicos de La Romana. Esta diferencia entre pasajeros, ocupantes y lesionados deberá ser aclarada en el informe definitivo.


¿Quién fiscaliza las embarcaciones?


La principal responsable de la seguridad, supervisión y vigilancia de las embarcaciones es la Armada de República Dominicana, en su condición de Autoridad Marítima Nacional.

La Ley 5-23 de Comercio Marítimo establece que la Armada mantiene bajo su dependencia el control y la supervisión de la seguridad de las naves. También le permite regular las especificaciones técnicas que deben cumplir, tomando en cuenta su tamaño, el servicio que prestan y la zona donde navegan.


Estas funciones se ejecutan principalmente a través del Comando Naval de Capitanías de Puertos y Autoridad Marítima y de las capitanías instaladas en diferentes puntos del país.

El Ministerio de Turismo interviene en otro ámbito: la autorización y regulación de las empresas que ofrecen excursiones y actividades acuáticas. Esto significa que una operación turística debe cumplir tanto con los requisitos marítimos de la embarcación como con las licencias correspondientes al servicio ofrecido.


La responsabilidad privada recae sobre el propietario o armador, la empresa operadora, el capitán y la agencia que comercializa la excursión. Estos deben garantizar el mantenimiento, la capacitación de la tripulación, el respeto de la capacidad autorizada y la disponibilidad de equipos de emergencia.


Sí existe un registro de embarcaciones


República Dominicana cuenta con el Registro Nacional de Naves Marítimas, un registro público administrado por la Armada.


Allí deben asentarse la propiedad, la matrícula y los principales documentos relacionados con cada nave. La legislación dispone que las embarcaciones deben estar identificadas con nombre, matrícula, pabellón y puerto de registro.


Sin embargo, no se localizó una plataforma pública de consulta inmediata en la que un turista pueda introducir el nombre de una lancha y comprobar en línea su vigencia documental.


Antes de contratar una excursión, el visitante puede solicitar a la empresa:


  • Nombre y matrícula de la embarcación.

  • Identificación de la empresa operadora.

  • Capacidad máxima autorizada.

  • Licencia turística del prestador.

  • Comprobante de pago o contrato del servicio.

  • Información sobre el seguro y el procedimiento para emergencias.


Con el nombre y la matrícula visibles en el casco, también puede consultarse a la capitanía de puerto o a la Armada sobre el organismo competente para verificar su situación.


¿Qué ha dicho la autoridad?


Hasta la información disponible este 28 de julio, la Armada ha confirmado el rescate, la asistencia de los afectados y el inicio de una investigación para determinar las circunstancias del incendio.


La institución indicó que mantiene presencia en la zona y que realiza el levantamiento de información. Todavía no ha comunicado públicamente la causa del fuego, ni ha detallado si la embarcación tenía sus inspecciones vigentes, si cumplía la capacidad autorizada o si sus sistemas de combustible, electricidad y extinción estaban en condiciones adecuadas.


Tampoco se ha informado oficialmente si el incendio comenzó por una fuga de combustible, una falla eléctrica, un problema mecánico, una operación de abastecimiento o alguna otra circunstancia.


¿Fue un accidente evitable?


Con la información disponible no es responsable concluir que el accidente era evitable. Esa determinación requiere una inspección técnica, declaraciones de la tripulación, revisión del historial de mantenimiento y análisis del sistema donde se inició el incendio.


No obstante, los incendios a bordo pueden estar relacionados con factores que sí son controlables: fugas de combustible, instalaciones eléctricas defectuosas, ventilación inadecuada, mantenimiento insuficiente, almacenamiento inseguro de sustancias inflamables o extintores vencidos o inaccesibles.


La pregunta central para la investigación no es solamente qué produjo la primera chispa. También deberá determinarse:


  • Si la embarcación contaba con mantenimiento documentado.

  • Cuándo fue realizada su última inspección.

  • Si llevaba extintores adecuados y operativos.

  • Si había chalecos suficientes para todos los ocupantes.

  • Si se respetó la capacidad autorizada.

  • Si la tripulación ejecutó correctamente el protocolo de emergencia.

  • Si los pasajeros recibieron instrucciones antes de zarpar.

  • Cuánto tiempo transcurrió entre el inicio del fuego, la evacuación y el rescate.


Hasta que estas preguntas sean respondidas, el caso debe presentarse como un siniestro bajo investigación, no como una negligencia comprobada ni como un hecho inevitable.


Los estándares deben aplicarse en todo el país


El debate no se limita a Bayahíbe. Las mismas obligaciones deberían aplicarse a las excursiones que operan en Punta Cana, Bávaro, Cabeza de Toro, Cap Cana, Boca de Yuma, Samaná, Puerto Plata, Boca Chica, Juan Dolio, La Romana y los demás destinos costeros del país.


Una ordenanza de la Autoridad Marítima establece equipamiento mínimo de seguridad para embarcaciones de pesca, recreo y turismo bajo jurisdicción dominicana. A escala práctica, una operación responsable debería garantizar:


  • Chalecos salvavidas suficientes y adecuados para cada pasajero.

  • Equipos de extinción revisados y accesibles.

  • Radio o sistema de comunicación de emergencia.

  • Botiquín de primeros auxilios.

  • Capacidad máxima visible y respetada.

  • Capitán y tripulación debidamente habilitados.

  • Lista o control de pasajeros.

  • Revisión de combustible, motores y sistema eléctrico.

  • Información previa sobre evacuación y uso del chaleco.

  • Protocolo de respuesta y coordinación con tierra.


No basta con que los equipos estén a bordo. Deben encontrarse vigentes, accesibles y en condiciones de utilización inmediata.


Antecedentes recientes mantienen abierta la discusión


En noviembre de 2025, un catamarán con alrededor de 50 pasajeros procedentes de un crucero comenzó a hacer agua y se hundió en la bahía de Samaná. Todos fueron rescatados, pero el incidente puso bajo investigación una posible falla en el casco.


En mayo de 2026, la Armada abrió otra investigación después de que una persona sufriera lesiones graves provocadas por las hélices de una embarcación en las proximidades de isla Saona.


Estos hechos tuvieron causas y circunstancias diferentes. Sin embargo, muestran la necesidad de mantener inspecciones periódicas, trazabilidad documental y publicación de los resultados de las investigaciones, para que cada accidente produzca correcciones verificables y no quede limitado al operativo de rescate.


Recomendaciones antes de abordar


El turista no puede realizar una inspección técnica, pero sí puede identificar señales básicas de seguridad.


Antes de embarcarse debe comprobar que la nave exhiba nombre o matrícula, que no transporte más pasajeros de los permitidos y que exista un chaleco accesible para cada ocupante.


También debe prestar atención a olores intensos a combustible, cables expuestos, acumulación de líquidos en el fondo, extintores deteriorados o dificultades visibles para encender los motores.


Si la tripulación no ofrece instrucciones, el pasajero puede preguntar:


  • ¿Dónde está mi chaleco salvavidas?

  • ¿Dónde se encuentran los extintores?

  • ¿Cuál es la capacidad autorizada?

  • ¿Quién es el capitán?

  • ¿Cómo se comunica la embarcación con tierra?

  • ¿Qué debe hacerse si alguien cae al agua o se inicia un incendio?


En caso de detectar una condición insegura antes de salir, la recomendación es no abordar, documentar la situación y solicitar la devolución correspondiente.



¿Dónde reclamar o pedir información?


En una emergencia marítima o cuando existan personas heridas, el primer contacto debe ser el Sistema 9-1-1.


Para orientación sobre matrícula, seguridad e inspección de una embarcación puede contactarse a la Armada de República Dominicana:


Para asistencia y protección al turista:


  • POLITUR: 809-222-2026.

  • Línea gratuita: 809-200-3500.


Para consultas sobre la licencia de una empresa o actividad turística:


Cuando el reclamo se relacione con el servicio contratado, incumplimiento, negativa de reembolso o falta de información:


  • Pro Consumidor: 809-567-8555.

  • Desde el interior: 1-809-200-8555.


También pueden presentarse quejas y denuncias institucionales mediante el Sistema 311.

El afectado debe conservar recibos, comprobantes de reserva, mensajes con la agencia, fotografías, nombre de la embarcación, matrícula, informes médicos y datos de testigos. Si la excursión fue vendida por un hotel, operador o plataforma, el reclamo debe dirigirse también contra la empresa que actuó como proveedor o intermediario.


Transparencia después del rescate


La respuesta de emergencia permitió rescatar y atender a los ocupantes, pero el proceso no debería concluir con el traslado de los heridos.


El siguiente paso es establecer qué falló, cuándo fue inspeccionada la embarcación, qué empresa la operaba y cuáles medidas correctivas o sanciones corresponden.


La publicación de un informe técnico ayudaría a responder si se trató de una falla imprevisible o de un riesgo que pudo detectarse antes de zarpar. También permitiría evaluar si los controles existentes se aplican con el mismo rigor en todas las zonas turísticas del país.

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