¿Puede República Dominicana vivir una crisis xenófoba como la de Sudáfrica?

OPINIÓN - Bernardo Gumucio - Sociólogo. Las protestas, amenazas y repatriaciones registradas en el país africano abren una pregunta necesaria para República Dominicana, donde el debate sobre la migración haitiana ha movilizado a comunidades de Friusa, Bávaro, Verón e Higüey. El desafío es legislar según los intereses nacionales sin permitir que el reclamo por mayor control derive en persecución por nacionalidad, origen o color de piel.

¿Puede repetirse en República Dominicana una crisis como la que actualmente atraviesa Sudáfrica? El riesgo existe, aunque no es inevitable. La experiencia del país africano demuestra que, cuando el Estado no responde oportunamente a las preocupaciones migratorias, el descontento ciudadano puede ser aprovechado por grupos que terminan atribuyéndose funciones reservadas a las autoridades.

Sudáfrica ha sido escenario de protestas contra la inmigración, amenazas, desalojos y controles ejecutados por civiles para identificar y expulsar extranjeros. Más de 53,000 migrantes han sido deportados o repatriados, mientras varios gobiernos africanos han organizado el retorno de sus ciudadanos ante el temor de nuevas agresiones.

El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, ha condenado las acciones de los grupos que operan al margen de la ley y ha recordado que solo las autoridades están facultadas para aplicar las normas migratorias.

El conflicto comenzó con preocupaciones relacionadas con la migración irregular, el desempleo, la inseguridad y la presión sobre los servicios públicos. Sin embargo, evolucionó hasta afectar también a extranjeros con residencia legal, señalados por su nacionalidad, apariencia o color de piel.

Ese tránsito —desde un reclamo legítimo hasta la persecución colectiva— es precisamente el peligro que República Dominicana debe evitar.

Friusa como señal de advertencia

República Dominicana no se encuentra en la misma situación de Sudáfrica, pero comparte algunos factores que exigen atención: una frontera sometida a una presión constante, la crisis política y social de Haití, una importante presencia de trabajadores extranjeros y comunidades que perciben un impacto creciente sobre el empleo, la seguridad y los servicios públicos.

La situación ha adquirido una relevancia particular en la provincia La Altagracia. La marcha realizada el 30 de marzo de 2025 en el Hoyo de Friusa, en Bávaro, mostró el nivel de preocupación de una parte de la población frente a la migración irregular.

La manifestación fue autorizada y se desarrolló mayoritariamente de forma pacífica, aunque posteriormente se registraron incidentes y detenciones. El debate se ha extendido por Friusa, Bávaro, Verón e Higüey, localidades que enfrentan un rápido crecimiento demográfico y una transformación urbana que no siempre ha estado acompañada por una planificación pública suficiente.

El Gobierno respondió con operativos migratorios, reforzó la presencia de las autoridades en Friusa y Mata Mosquito y anunció 15 medidas contra la migración irregular. Entre ellas se encuentran un mayor control fronterizo, sanciones para quienes contraten trabajadores indocumentados y la revisión de la normativa vigente.

Sin embargo, los operativos no bastan para resolver un fenómeno relacionado también con el empleo, la seguridad, la salud, la educación, la vivienda, el ordenamiento territorial y la capacidad de respuesta de los gobiernos locales.

¿Control migratorio o xenofobia?

El concepto de xenofobia debe utilizarse con cuidado. Exigir el cumplimiento de la ley, controlar la frontera, deportar a quienes se encuentren en condición irregular o sancionar a los empleadores que vulneren las normas no es automáticamente xenofobia.

Todo Estado tiene el derecho y la responsabilidad de decidir quién puede ingresar, permanecer y trabajar en su territorio. También debe establecer su política migratoria de acuerdo con las necesidades económicas, la capacidad de sus servicios públicos y la protección de la seguridad nacional.

La xenofobia comienza cuando se deja de evaluar la situación individual y se considera a toda una nacionalidad como una amenaza. También se manifiesta cuando se responsabiliza colectivamente a los extranjeros por la delincuencia, el desempleo o el deterioro de los servicios, sin evidencias que sustenten esas acusaciones.

La diferencia debe quedar claramente establecida: la política migratoria distingue entre condiciones legales e irregulares; la xenofobia discrimina por origen, nacionalidad o apariencia.

No es lo mismo detener a una persona mediante un procedimiento regulado que perseguirla en la calle por su aspecto. Tampoco es igual fiscalizar a una empresa que contrata trabajadores indocumentados que amenazar un negocio porque pertenece a un extranjero.

Legislar desde la conveniencia nacional

República Dominicana dispone de la Ley General de Migración 285-04 y de su reglamento de aplicación. Sin embargo, la prolongación de la crisis haitiana, los cambios en el mercado laboral y el crecimiento acelerado de zonas como Punta Cana hacen necesario revisar si esa legislación responde a la realidad actual.

Una eventual reforma debe partir de las necesidades y capacidades de República Dominicana, no de una reacción emocional contra una nacionalidad determinada.

El país necesita determinar cuánta mano de obra extranjera requiere cada sector productivo, bajo qué condiciones podrá ser contratada y qué responsabilidades deberán asumir los empleadores. También debe reforzar el registro biométrico, mejorar la identificación de los extranjeros y agilizar los procedimientos de regularización, detención y repatriación.

La responsabilidad no puede recaer exclusivamente sobre el migrante. Los empleadores que contratan personas sin documentación, los intermediarios que facilitan ingresos irregulares y quienes ofrecen viviendas sin cumplir las normas también sostienen ese sistema.

Una legislación moderna podría establecer mecanismos controlados de contratación temporal para sectores que necesiten trabajadores extranjeros, sin que esa necesidad implique una regularización automática ni un derecho permanente de residencia.

La autoridad no puede trasladarse a las calles

La principal lección de Sudáfrica es que el Estado nunca debe permitir que organizaciones particulares asuman funciones migratorias. Ningún grupo civil puede solicitar documentos, detener personas, desalojarlas, cerrar sus negocios o establecer plazos para que abandonen el país.

Cuando esas prácticas se toleran, desaparece la distinción entre migrantes regulares e irregulares. La apariencia, el idioma o el color de piel terminan convertidos en supuestas pruebas de ilegalidad, afectando también a ciudadanos dominicanos y residentes extranjeros debidamente documentados.

República Dominicana necesita una política migratoria firme, sostenida y verificable. Pero esa firmeza debe ejercerse mediante leyes, instituciones y procedimientos respetuosos de la dignidad humana, no mediante amenazas o acciones colectivas contra una comunidad.

El país todavía está a tiempo de evitar una escalada como la sudafricana. Para lograrlo, debe escuchar las preocupaciones legítimas de las comunidades, reforzar el control territorial, actualizar su legislación y aplicar las normas sin discriminación.

Legislar desde la conveniencia nacional no es xenofobia. Convertir la nacionalidad, el origen o el color de piel en una presunción de culpabilidad sí puede conducir a ella.